En la actualidad está surgiendo un movimiento europeo reclamando los derechos de las familias con relación al nacimiento de sus hijos. En este contexto nos parece oportuno dar a conocer la Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso de Ternovszky contra Hungría (Aplicación nº 67545/09. Estrasburgo 14 de diciembre de 2010).

La versión final de la sentencia fue publicada en marzo de 2011; sin embargo es poco conocida al no existir una edición en castellano de la misma. El documento tiene en total 17 páginas. Hemos elaborado para su difusión un resumen no oficial con los aspectos más destacados. La sentencia íntegra está disponible en inglés, puede descargarse pulsando sobre la imagen de la derecha.

 

   LOS HECHOS

Las circunstancias del caso

En el momento de presentación de la solicitud la demandante estaba embarazada y tenía la intención de dar a luz en su casa en lugar de en un hospital o en una casa de partos. Sin embargo; en vista de la sección 101 (2) del Decreto del Gobierno Húngaro no. 218/1999 (XII.28.),cualquier profesional de la salud que asista un parto domiciliario corre el riesgo de una condena por una falta reglamentaria y, de hecho, al menos se ha dado una acusación de este tipo en los últimos años. En opinión de la demandante, si bien no existe una legislación completa sobre el parto en casa en vigor en Hungría, esta disposición disuade eficazmente a que los profesionales sanitarios asistan el parto en casa de aquellas personas que lo deseen.

Leyes locales relevantes

La sentencia recoge diversos artículos de la legislación húngara relevantes sobre el caso, tanto de su Constitución como del decreto mencionado.

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud

La sentencia recoge las recomendaciones sobre el lugar de parto de la guía práctica para la atención en nacimientos normales de la OMS (WHO/FRH/MSM/96.24)

   LA LEY

El Tribunal considera a petición de la demandante que esta denuncia debe examinarse con arreglo al artículo 8 sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar:

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
  2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

El Tribunal declara la demanda como admisible y recoge los distintos argumentos del Gobierno Húngaro y la demandante. Al respecto el tribunal realiza las siguientes consideraciones:

  • Valora que se dan las condiciones legales para poder considerar a la demandante como víctima de una posible violación de sus derechos recogidos en el artículo 8 de la convención europea de derechos humanos.
  • Considera que la legislación que disuade a los profesionales de proporcionar la asistencia al parto domiciliario constituye una injerencia en el ejercicio del derecho al respeto de la vida privada de las futuras madres, como la demandante.
  • Para el tribunal, el derecho de elección en materia de parto incluye la seguridad jurídica de que la elección es legal y no está sujeto a las sanciones, en forma directa o indirecta. Al mismo tiempo, la Corte es consciente de que se debate en la ciencia médica si, en términos estadísticos, el parto en casa, como tal, conlleva riesgos significativamente mayores que dar a luz en hospital.
  • Para la Corte, la obligación constitucional de proporcionar los servicios de salud pública y seguridad social debería tener debidamente en cuenta, en su regulación, el derecho de elección de la madre.
  • La falta de seguridad jurídica y la amenaza a los profesionales de la salud ha limitado las opciones del solicitante con relación al parto en casa
  • Las consideraciones anteriores son suficientes para permitir que el tribunal valore que ha habido una violación del artículo 8 de la Convención

  VEREDICTO

Por estas razones el Tribunal

  1. Declara la denuncia admisible por mayoría
  2. Declara por seis votos contra uno que ha habido una violación del artículo 8 de la convención.
  3. Declara por seis votos contra uno que el Estado debe pagar a la denunciante  una indemnización de 1250€ por los gastos legales ocasionados.

La sentencia recoge además los votos particulares de dos de los siete jueces que formaron el tribunal, uno en consenso con la sentencia y otro en disenso.

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